Un Diputado y un funcionario del PRM involucrado en Operación Calamar



Un Diputado y un funcionario del PRM involucrado en Operación Calamar

Los nuevos implicados son el diputado Sergio Moya, conocido como “Goris” Moya, y Mérido Torres, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), cuyos nombres figuran en el acta de interrogatorio y en el expediente del caso Operación Calamar, respectivamente.


SANTO DOMINGO: El presunto entramado de corrupción denominado por el Ministerio Público como Operación Calamar, por la cual han sido apresados el excandidato presidencial por el PLD en las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo, el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, parece estar lejos de concluir con su lista de implicados.

Ahora, han salido a la luz al menos dos nombres de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), luego de que en un principio sólo mencionaran en los documentos de los allanamientos y arrestos exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Los nuevos implicados son el diputado Sergio Moya, conocido como “Goris” Moya, y Mérido Torres, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), cuyos nombres figuran en el acta de interrogatorio y en el expediente del caso Operación Calamar, respectivamente.

Sergio Moya, fue delatado por Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Mesina Arvelo, quienes contaron en interrogatorios con los fiscales de la Pepca que “Goris” Moya fungió como coordinador de la recolección del dinero irregular.

Mientras, que en el caso de Mérido Torres, según la solicitud de medidas de coerción del caso Calamar, específicamente en las páginas 149, 152 y 153, el actual director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, es el «supuesto propietario» junto a otras personas de una porción de terreno en la parcela 613, del Distrito Catastral número 32, municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo; amparada en el certificado de título 46572, con una extensión superficial de 168,966.00 metros cuadrados, expropiada mediante el decreto núm. 1159, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año 1955.

El expediente acusatorio del Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

El pasado domingo, fue pospuesta para el próximo miércoles la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los apresados del caso Calamar.

Publicar un comentario

Artículo Anterior Artículo Siguiente